Entorns Segurs (II): mapeo preliminar sobre la base del proyecto de derechos digitales en los institutos de Barcelona

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Como explicábamos en el anterior post en Eticas desarrollamos el proyecto Entorns Segurs que busca analizar el uso y manejo de datos en los institutos de Barcelona.

En base al trabajo desarrollado desde que comenzamos este estudio -exhaustiva revisión de literatura, análisis del marco legal, entrevistas a personas implicadas en la problemática-, hemos observado cuáles son las tecnologías que se están implementando en los institutos de Barcelona, cuáles son los actores y su relación en la implementación de esta tecnología, y problemas o déficits en la seguridad, privacidad y protección de datos que deriva de todo este entramado.

Los institutos cuentan cada vez con más soluciones tecnológicas para abordar procesos administrativos, de seguridad, pedagógicos y de comunicación entre padres, alumnado y profesorado. En este sentido, los institutos cuentan con autonomía para definir el uso de estas tecnologías y promover herramientas de educación digital (Ley Catalana de Educación, 2009).

En relación al tratamiento de los datos personales, los institutos están sujetos de manera general a la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999, que se complementa con otras leyes de carácter autonómico y sectorial más específico. De lo que se deriva de estas disposiciones legales es que los institutos sólo pueden recoger aquella información útil para propósitos que hayan sido bien definidos previamente (principio de finalidad) y contando con el consentimiento de la persona sobre la que se recaba información (principio de consentimiento).

Las preguntas fundamentales que surgen en este contexto son:

¿Qué tipos de tecnologías de manejo intensivos de datos se están utilizando en los centros educativos de Barcelona?

¿Quiénes son los responsables de decidir qué tecnologías se utilizan?

¿Se cumplen los propósitos para los que se implementan estas tecnologías y son siempre explícitos?

De no estar estas cuestiones claras, ¿se puede asegurar que se está llevando a cabo un tratamiento ético de los datos personales? ¿Se cuenta siempre con el consentimiento de los actores involucrados? Entorns Segurs busca las respuestas a estos interrogantes y hemos empezado a desarrollar un diagnóstico de la situación.

Actores de la comunidad educativa e intercambio de información personal

Las autoridades escolares poseen una importante autonomía a la hora de establecer los sistemas tecnológicos a ser implementados en su marco institucional y para determinar los protocolos de utilización. Por lo tanto, si bien las leyes demarcan ciertos límites en relación al almacenamiento y tratamiento de datos personales, dicha autonomía ha propiciado una gran variedad de sistemas institucionales, así como diversos niveles de seguridad. La multiplicidad de tecnologías educativas y de la información disponibles en el contexto escolar impulsa el despliegue diferencial de estrategias comunicacionales y educativas basadas en las TIC, tanto formales/oficiales como informales, en función de factores programáticos, culturales y socioeconómicos/territoriales, entre otros. 

Como muestra el gráfico, los actores que integran la comunidad educativa componen un complejo entramado que comparte todo tipo de datos generados en la escuela. Tanto los medios establecidos por el propio sistema educativo como otros canales, así como actores privados -familia-, intervienen en este proceso.

En este marco y en el caso de la ciudad de Barcelona, los resultados preliminares del proyecto Entorns Segurs revelan riesgos y problemas comunes a diferentes contextos educativos en los registros institucional, público-privado e informal. Entre los mismos destacamos:

A. Sistemas institucionales

-Los sistemas administrativos digitales de las escuelas para el control y registro del rendimiento de los alumnos, en muchos casos no cuentan con el personal capacitado ni con el monitoreo de seguridad necesario.

-Existe un protocolo del Consorci d’Educació para facilitar la captación, por parte de las autoridades escolares, del consentimiento de los padres para la cesión y uso de la información personal de los alumnos hasta los 14 años de edad. No obstante, dicho consentimiento no es recabado en todos los casos y los protocolos escolares posteriores para la administración de datos poseen diversas limitaciones.

B. Uso público-privado: Diversas empresas como Google (mediante el Google Apps for Education), así como distintas editoriales (por ejemplo, McMillan) forman parte activa del sistema educativo y recogen gran cantidad de datos de los alumnos de maneras no debidamente explícitas en el consentimiento informado, ni bajo un control/seguimiento adecuado.

C. Sistemas informales: Los profesores utilizan todo tipo de sistemas tecnológicos y plataformas online (como videos de Youtube donde participan los alumnos), que no siempre están bajo el radar de las autoridades escolares ni respetan protocolos concretos para su administración (limitación de acceso, encriptación, borrado, etc.). Asimismo, los alumnos comparten con un público general información escolar y personal recogida en las clases mediante los dispositivos móviles (por ejemplo, en las redes sociales) donde intervienen otros alumnos y profesores.

Puedes seguir el desarrollo del proyecto en el blog y en Twitter #EntornsSegurs

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