Entorns Segurs (III): principales conclusiones del estudio

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La tecnología se ha convertido en los últimos años en un componente imprescindible en la educación como herramienta educativa y como elemento clave para la organización y gestión de datos en los centros educativos.

Si bien la implementación del componente tecnológico en los procesos educativos y administrativos viene envuelta en un discurso positivo acerca de la utilidad y de la mejora que supone para toda la comunidad educativa, desde Eticas observamos cómo estas tecnologías llevan asociadas ciertas problemáticas que no han sido todavía exploradas con suficiente profundidad. En muchos casos, estos problemas tienen que ver con el hecho de que muchos de estos sistemas tecnológicos generan y administran grandes cantidades de datos personales, alteran las relaciones sociales o introducen servicios comerciales en los entornos educativos.

Se podría argumentar que estos no son temas nuevos para las escuelas, en la medida en que estas siempre han sido espacios donde se ha recolectado grandes cantidades de datos sobre los menores –edad, notas académicas, dificultades en el aprendizaje, etc.-; no obstante, la novedad en estos días es que la digitalización de esta información que generan las nuevas tecnologías, irrumpe con un matiz distinto en términos de intensidad y en términos de las cantidades en las que son recogidos. Incluso, quién puede pasar a formar parte puede suponer una problemática añadida: en cualquier momento y sin importar los años que hayan pasado, estos datos podrán ser usados y vendidos a terceras personas, pasando a ser susceptibles de ser utilizados para cualquier propósito diferente a la mejora de los procesos educativos.

A partir del proyecto Entorns Segurs, apoyado por el Ajuntament de Barcelona, tuvimos la oportunidad de estudiar estas cuestiones en los centros educativos de secundaria de la ciudad en los cuales se advierte la proliferación de numerosas experiencias e iniciativas, tanto públicas como privadas, que han acelerado la implementación de las tecnologías en la vida diaria del alumnado, el profesorado y el personal administrativo, lo cual justifica en mayor grado su análisis.

En términos metodológicos, comenzamos el estudio revisando la literatura existente sobre las tecnologías utilizadas en los contextos educativos y las experiencias en otros países en relación con las problemáticas identificadas en la generación, la protección y la privacidad de los datos. En esta primera fase encontramos claves importantes para el conocimiento de esta realidad, entre las cuales destacaron dos:

1. Las leyes de protección de datos son el principal mecanismo para garantizar la seguridad en el uso de las nuevas tecnologías. Sin embargo, la existencia de las mismas no siempre viene acompañada de su conocimiento e implementación;

2. La falta de recursos humanos (formación), materiales (protocolos), que garantice un buen uso y gestión de los datos puede comprometer la utilización responsable de las herramientas tecnológicas y la protección de la información que recogen.

Un posterior análisis de las leyes de protección de datos vigentes en España y Catalunya, muestra que en Barcelona (nuestro ámbito de estudio), las regulaciones han sido la principal respuesta para asegurar que la tecnología se utilice de forma responsable y se garantice la privacidad de los menores. Pero, ¿cómo podemos asegurar que los actores de la comunidad educativa conocen estos procedimientos legales y que estos son aplicados a todas las tecnologías que utilizan?

Esta pregunta implicaba conocer procesos intermedios que queríamos explorar. Necesitábamos saber, en primer lugar, cuáles son las tecnologías que se están utilizando en los institutos, quiénes son los responsables y cuáles son los recursos (legales y procedimentales) para su uso e implementación y cuáles eran, en este sentido, las más susceptibles a un mal uso. En segundo lugar, se trataba de descubrir cómo, a través de las tecnologías identificadas, los datos e información personal de los alumnos y alumnas son recolectados, tratados, procesados, almacenados y eliminados por los centros educativos, un proceso que se conoce como el ciclo de vida de los datos. En tercer lugar, añadimos una tercera dimensión de carácter más subjetivo o relativo a juicios normativos de valor que incluye consideraciones acerca de la aceptabilidad, entendida como el grado en que los miembros de la comunidad educativa han sido informados, han aceptado y controlan el uso de las tecnologías que manejan, la información que generan y el uso que se hace posteriormente de la misma.

Para realizar este análisis y responder a estas preguntas diseñamos una metodología cualitativa que nos permitía conocer la opinión y percepciones de expertos académicos, así como las prácticas habituales y la intervención de las autoridades gubernamentales del Departament d’Ensenyament, del Consorci d’Educació y de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, y de los miembros de la comunidad educativa: profesores, dirección escolar, administración escolar y, por supuesto, alumnos, a través de entrevistas y grupos de discusión en cuatro institutos de la ciudad (dos públicos y dos concertados).

Con esta investigación pudimos constatar el incremento de tecnologías en los entornos educativos de secundaria en la ciudad y establecer distintos tipos: i) tecnologías administrativas (Clickedu, Esfer@), ii) las tecnologías físicas institucionales para fines de seguridad y/o control de los institutos (cámaras de vigilancia, plataformas de monitoreo de rendimiento académico), iii) las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento utilizadas como herramientas pedagógicas (Google Apps for Education, Moodle) y iv) las tecnologías de la información y la comunicación (redes sociales, dispositivos móviles de los alumnos).

Hemos podido comprobar que el conocimiento sobre el marco legal en estos entornos es limitado. Buena parte del personal directivo y administrativo y del profesorado y el alumnado de los centros barceloneses afirman que a menudo desconocen las prácticas de la administración pública y de los proveedores de servicios online, así como los aspectos técnicos de la protección de datos o las medidas que se pueden aplicar para garantizar la seguridad de los sistemas que utilizan en su práctica educativa. En general, se crea una cadena de confianza que va desde el alumnado al profesorado, desde el profesorado al centro educativo y desde el propio centro educativo hasta la propia administración.

Se ha observado, además, una falta de conocimiento sobre los riesgos que irrumpen en la sociedad de la información, donde la omnipresencia de las tecnologías de datos produce que se normalice la cesión de información personal de manera inconsciente y sin demandar garantías que salvaguarden el derecho a la privacidad. Se observa así, una concepción de la privacidad reducida a la imagen personal y a la potencial amenaza de figuras como el hacker. Ello dificulta la identificación de determinadas situaciones problemáticas relacionadas con la identidad digital y la discriminación, el derecho al olvido, el consentimiento sobre la cesión de los datos, el cumplimiento del propósito para el cual fueron obtenidos, etc.

Debido a esta falta de conocimiento, hemos podido identificar algunas prácticas que podrían estar comprometiendo la privacidad y la protección de los datos de los alumnos, fundamentalmente vinculados al consentimiento informado –los institutos están fallando a la hora de informar a sus alumnos y familias sobre la recogida y cesión de sus datos personales-, los limitados protocolos de seguridad y de protección de datos implementados por las escuelas – una cuestión relevante es la falta de sistematización en el borrado de la información recogida en las plataformas tecnológicas-, etc.

Con este estudio hemos podido revelar también el avance de las empresas proveedoras de servicios tecnológicos en el ámbito educativo. Esta situación advierte de la necesidad de empoderar a los centros educativos para que los futuros contratos que establezcan con estas empresas contemplen una protección ética y responsable de los datos que se van a ceder a través de sus productos y servicios. Comprobar aspectos clave como las medidas de protección de datos y la transparencia sobre cómo se recolectan y almacenan los datos, así como el borrado de los mismos, tienen que establecerse como puntos de negociación clave en los procesos de externalización de servicios por parte de los centros educativos.

En suma, este estudio pone sobre la mesa la necesidad de informar y concienciar a la comunidad educativa de las implicaciones que puede entrañar un uso imprudente de las tecnologías con las que trabajan cotidianamente, de introducir estas materias en los planes educativos, y, por último, de seguir avanzando en la investigación de las cuestiones abordadas en el estudio.

Para saber más acerca de este estudio, podéis leer este informe: ¿Entornos seguros? Las tecnologías intensivas en datos en los institutos de Barcelona

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